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Ley Orgánica del poder Judicial

De los cuatro poderes del Estado, sin duda el más poderoso es el Poder Judicial. No hace falta remitirnos a los asuntos constitucionales que durante los últimos años hemos estado asistiendo en prensa y la televisión. Me estoy refiriendo al “proces” y el caso “Noos”. Gracias a que hay un poder judicial independiente hoy ha sido posible investigar y proceder con los mismos derechos e igualdad ante la ley, aplicable a cualquier ciudadano del país, sin importar raza, sexo, origen o rango político. Pero hay que “resarcir” que no a todos se aplica con la misma influencia. El poder, no deja de ser poder. La influencia que tiene éste poder en nuestras días, ha recorrido un camino muy complejo para llegar a emanar la posición que ocupa ahora. La libertad e independencia que ejercen los jueces en sus funciones debería interferir en otros poderes detentadores. Es sin duda la cuspide que ha convertido a España en un país democrático que garantiza legitimidad. El poder judicial legitima su sentido más profundo a la necesidad de la justicia, dignidad y libertad en manos de jueces y magistrados con total “independencia” para que la igualdad judicial sea una realidad. El sometimiento de los procesos y las garantías procesales, forman parte de los derechos fundamentales y constitucionales del Estado. El límite está en la propia ley. Y estas deben cumplirse.
El art. 117.1 expone “la justicia emana del pueblo y se ejerce en nombre del Rey por jueces y magistrados, integrantes de poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley”. Los jueces tienen un rango normativo muy estricto, a la par que conforma su propia autoridad. Sus prohibiciones principales son, la no afiliación a pertenecer a partidos políticos o sidicatos, o tener empleo al servicio de los mismos, no obstante en la siguiente sección del presente artículo 127 CE, dicha prohibición se matiza de la siguiente manera: 1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. ¿Por qué existe esa restricción? Evidentemente por la debida inmunidad judicial que disponen en el servicio activo. Si fuere el caso de haber un flagrante delito, si serían detenidos. Otro servicio vinculante que garantiza el poder judicial como elemento del Estado, es la independencia económica. Cuantas veces hemos oído a los representantes del poder ejecutivo, “lidiar” y “pelear” por aprobar los presupuestos generales del estado. En esos presupuestos se integra a los legisladores que establecen las políticas criminales y doctrinales para que el poder judicial garantice la ley.
La independencia que deben obedecer los jueces está regulada por el principio y estricto acatamiento de los jueces a la ley, y a la debida responsabilidad de sus integrantes. ¿Un juez tiene responsabilidades integradas en su mandato? Por supuesto, y se pueden resarcir de tres maneras: por lo civil, daños y perjucios que pudieran causar a otras personas en sus bienes y derechos, que hubieren de ser resarcidos cuando hubiera mediado dolo o culpa; por lo penal, delitos o faltas que se acometan en el ejercicio de su cargo; y disciplinaria, por infracción de los deberes y obligaciones, por estar al servicio público y no acatar su cuplimiento normativo.
Se debe tener presente que los jueces en tribunales ordinarios son los garantes primarios para fomentar los derechos y libertades constitucionales que reconoce a sus ciudadanos. Hay que tener presente que los jueces “interpretan” la ley, pero no la hacen. Este es un fenómeno social que casi todo el mundo tiende a confundir, cuando un juez dicta sentencia y la sociedad replica, esta le otorga el fundamento y el enjuiciamiento con caracter autoritario y garante de efectividad. Craso error. Puede que algún juez “interprete” la ley de forma “imprecisa”, por mencionarlo de algún modo. Se puede emplear el derecho ante la duda, que una carrera tan larga y compleja, de lugar a unas manifestaciones inconstitucionales erroneas y que perjudiquen a una multitud. Podría darse… A veces inclusive ellos mismos pueden estar en contra de una sentencia, dada la doctrina y legislación precedente. El poder ejecutivo, siempre debe ser analizado en todas su formas posibles, desde diferentes puntos de vista y como no, opiniones positivas y negativas, constructivas y críticas distintas.

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